Baltasar Garzón: “Las
leyes de amnistía no son aplicables al crimen de lesa humanidad”.
La justicia necesitó
dos décadas para tumbar la protección del dictador
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| Videla (en primer plano) y Pinochet, en Chile en 1978. STR (AFP) |
La
primera cadena perpetua de Jorge Rafael Videla, el dictador responsable de la
desaparición de 30.000 argentinos y el robo de medio millar de niños, duró
cinco años. Condenado en 1985, fue indultado en 1990 por el entonces presidente
argentino, Carlos Menem. La segunda
cadena a perpetuidad, de 2010, le ha durado hasta la
muerte, este viernes, a los 87 años. Entre una y otra hay un largo
camino judicial y político que ahora recuerdan algunos de sus protagonistas
para EL PAÍS.
Baltasar
Garzón, impulsó desde la Audiencia Nacional los juicios en Argentina
Tras
el indulto de Menem llegó el turno de España. En 1996, el juez Baltasar Garzón
imputó a Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos,
en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hoy sigue alegrándose de
que aquellas investigaciones en España sirvieran para impulsar los juicios en
Argentina.“Las leyes de amnistía, olvido o punto final no son aplicables a los
crímenes de lesa humanidad. España hizo un gran esfuerzo en la aplicación del
principio de jurisdicción universal y conseguimos coadyuvar a que la acción de
la justicia se llevara a Argentina”, recuerda.
“Videla
jamás pidió perdón, jamás mostró arrepentimiento y ha muerto en la cárcel, que
es lo que correspondía. Se opuso a reparar a las víctimas. Si en Argentina se
ha cumplido el derecho a la verdad no ha sido por la colaboración de los
victimarios, sino por el esfuerzo de las víctimas y de un país que decidió en 2003,
desde las instituciones políticas y judiciales, que tenía que repararlas. Uno
no se alegra del fallecimiento de nadie, pero cuando me he enterado de la
muerte de Videla me he acordado de las víctimas argentinas, que se llevan la
reparación de saber que la justicia se aplicó con todas las garantías; que no
ocurrió como con Pinochet, al que la muerte le llegó sin haber sido sometido a
un juicio. Y también he pensado en las víctimas de aquí, las del franquismo,
porque allí realmente se hizo justicia, pero en España la justicia ha fracasado
estrepitosamente”.
En
Argentina el dictador ha muerto en la cárcel, y en España, lamenta, “se estaba
haciendo un homenaje a la División Azul que luchó con Hitler”. "En España
hubo un pacto de silencio y nunca ha habido voluntad de reparar a las víctimas,
ni siquiera con la ley de memoria histórica porque el esfuerzo no era
compartido y hubo partidos, especialmente el PP, que no estuvieron a la
altura".
Eugenio
Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía
argentinas
El
camino para meter al dictador Videla en la cárcel “fue muy largo y
accidentado”, resume Eugenio Raúl Zaffaroni, de 73 años, uno de los siete
miembros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que redactó la sentencia
que acabó con las dos leyes —de Obediencia Debida y Punto Final— que
amnistiaban los crímenes cometidos durante la dictadura. “El país salió de la
dictadura pero estaban vigentes todas las estructuras. No juzgo en lo personal
la decisión de Raul Alfonsin en su momento [bajo su Gobierno se aprobaron ambas
leyes]. No quisiera estar nunca en la disyuntiva entre hacer algo contra mis
principios o salvar los principios y correr el riesgo de provocar cientos o
miles de muertes. La critica de las leyes de amnistía no es una critica
personal a Alfonsin, del que conservo una imagen intachable. Siguieron años en
los que paulatinamente las estructuras dictatoriales se debilitaron y, por fin,
hubo una clara decisión política de [Néstor] Kirchner que permitió llegar a
este resultado".
Preguntado
por los argumentos jurídicos que utilizaron para tumbar las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, Zaffaroni se va a la Audiencia Nacional. "Cuando
España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en
nuestro territorio en función del principio universal, los jueces nos
encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción
extranjera o juzgarlos nosotros. En el primer caso, estaríamos dejando al país
en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en el riesgo al menos de
ser procesados o investigados por cualquier país. No podíamos interpretar la
Constitución en este sentido, porque nunca una Constitución puede ordenar que
cedamos la jurisdicción territorial que es un atributo de la soberanía. La
única solución era asumir la jurisdicción propia y juzgarlos conforme a
nuestras leyes y por nuestros tribunales".
Al
conocer la noticia de la muerte de Videla, Zaffaroni pensó en el personaje, y
en "lo difícil que deber ser llegar al final de la vida y tener la duda,
que no pudo dejar de alimentar, acerca de la falsedad de las racionalizaciones
con que preservaba su integridad mental, como tampoco el efecto de ver cómo lo
habían usado quienes cuando no les fue más útil le soltaron la mano. En el
fondo, creo que el mayor castigo [para Videla] no debe haber sido la cárcel,
que me gusta poco a decir verdad, sino haber abrigado la fundada sospecha de
que fuerzas e intereses mucho más poderosos lo habían usado y abandonado".
Zaffaroni
insiste, como Garzón, en que "en ningún caso son amnistiables delitos
contra la humanidad" y asegura que no entiende por qué no se juzgaron los
crímenes del franquismo. "No me explico mucho lo que sucede en España,
porque han pasado muchos más años, en casi la totalidad de los casos lo único
que interesa es un derecho a la verdad y las estructuras no mantienen la fuerza
de los años de la Transicion. España ha cambiado, veo muchos libros discutiendo
la llamada guerra civil en sus librerías... no entiendo la resistencia a
investigar la verdad. Es algo así como la actitud de los turcos respecto de los
armenios, pero acaso mas inexplicable, porque esto, por más que hayan
intervenido los nazis y los fascistas, en definitiva fue entre españoles y es
tiempo de cerrar la herida en serio, lo que solo se consigue con la verdad. En
cuanto a la no admisión de la amnistía para delitos contra la humanidad, creo
que esta vigente desde antes de los tratados, por efecto del derecho
internacional consuetudinario, el llamado jus cogens, por lo cual tampoco
creo que se trate de una aplicación retroactiva del derecho".
Carlos
Slepoy, abogado personado en la primera causa desde España y en el 'caso
Pinochet'
Carlos
Slepoy, abogado argentino en aquella causa contra Videla que impulsó Baltasar
Garzón desde España, personado también en el caso Pinochet y actual defensor de
las víctimas españolas que se han querellado contra los crímenes del franquismo
desde Argentina, está convencido de que lo que ha permitido que el dictador
Videla muera en la cárcel ha sido la sociedad argentina. “Hubo un sector que
nunca se resignó a la impunidad. En España, habiendo muchas más víctimas,
150.000 frente a las 30.000 de la dictadura argentina, también se pactó la
impunidad, pero la sociedad empezó a moverse 30 años después de la muerte de
Franco. Y de la misma manera que las víctimas argentinas vinieron una vez a
España, ahora son las españolas las que van a Argentina a buscar justicia”.
En
Argentina, recuerda, pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto final,
"nunca se dejaron de investigar los robos de niños". "En España
ni siquiera se ha planteado investigar los cerca de 30.000 que les arrebataron
a madres republicanas", lamenta.
José
Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica
Vivanco
cree que el momento más importante de esta larga lucha judicial fue, “sin
ninguna duda, el juicio durante la presidencia de Raúl Alfonsín”, en 1985. “Fue
devastador. Se hizo en audiencia pública, delante del mundo entero”. “No hay un
precedente igual de dictadores sentados en un banquillo con todas las
garantías. Ese fue el golpe de gracia. El punto de quiebre que dejó en su sitio
a Videla y compañía que actuaron con una crueldad pocas veces vista”. Ese
precedente no pudo ejercer toda su potencia, sin embargo, por “el paso de los
militares en la sociedad argentina” que llevó al indulto del presidente Menem.
Aquel indulto “fue un error histórico, pero la vocación no era reivindicar a la
Junta Militar, sino desactivar los temores de los líderes políticos sobre la
estabilidad del modelo democrático”. Cuando la Corte Suprema derogó las leyes
de amnistía, se pudo “retomar la tarea que se asumió en los ochenta”.
Gastón
Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina
Gaston
Chillier es director del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina,
uno de los organismos impulsores de las causas por las que fue condenado el
dictador y quienes plantearon “la inconstitucionalidad de las leyes de
obediencia debida y punto final” a raíz de una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que anuló en 2001 la autoamnistía de Alberto
Fujimori en Perú. Pero no solo esa. Ese caso se sumó a partir de mediados de
los 90, destaca Chillier, al “desarrollo del derecho penal internacional y la
constitución de los tribunales especiales de Yugoslavia y Ruanda, que avanzaron
en los principios de que en los casos de lesa humanidad los Estados tienen
obligación de castigar a los responsables”. La condena que más le enorgullece
de las que cayeron sobre Videla fue la última, en 2012, por “el plan
sistemático del robo de niños”. La condena “acredita la responsabilidad de
Videla como presidente en una de las prácticas más atroces de la dictadura”.
Ricardo
Gil Lavedra, diputado y miembro del tribunal que condenó a Videla en 1985
Este
diputado cree que aquella condena es la base de todo lo que vino después. En la
historia judicial de Videla, “el momento más importante es el fundacional, no
solamente porque lo viví”. Lo que cambió Argentina “fue la decisión histórica
del presidente Alfonsín de someterlos a juicio”. “Esa condena siempre fue
válida”, recuerda Gil Lavedra. “Lo que ocurre es que Menem le indultó el
cumplimiento de la pena”. La descripción del terror sistemático estaba en
aquella sentencia. “Establecía que había un plan criminal para secuestrar
personas, torturarlas y matarlas. Esos son los desaparecidos".
Diego
García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cuando
la Corte Suprema argentina anuló las leyes de punto final y obediencia debida
citó como precedente la sentencia de 2001 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que anuló la amnistía de Fujimori y dijo que los
delitos de lesa humanidad no prescribían. Gracias a aquella sentencia “hoy día
hay una jurisprudencia sobre amnistías y autoamnistías que ha echado profundas
raíces en America Latina”, dice el actual presidente de la CIDH, Diego
García-Sayán. “No puedo criticar lo que pasó en España, pero la realidad ha
cambiado”, decía en una entrevista reciente con EL PAÍS. “Es muy difícil pensar
en situaciones en las que se pueda repetir un abandono de investigaciones en
base a amnistías de graves afectaciones a derechos de las personas”.
García-Sayán destaca, además, que aquella decisión de la Corte sobre las
amnistías “no dio curso a procesos que expresaran la venganza de una sociedad,
sino a una justicia con todas las garantías a la defensa y a la pluralidad de
instancias. Eso manda una señal de que las sociedades tienen memoria y, a la
vez, la señal civilizada y democrática de que frente a esos hechos no se
responde con la misma medicina”.
FUENTE:
NATALIA JUNQUERA
PABLO XIMÉNEZ DE
SANDOVAL
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/17/actualidad/1368821287_517823.html
