Justicia :::: El ministro de Justicia, Víctor García Toma, inicia ofensiva para que grandes casos relacionados con el narcotráfico no se hundan en el Poder Judicial.
García Toma ordenó denunciar penalmente a los jueces que pretendieron terminar con el proceso
El ministro de Justicia salió al frente para tocar un nervio central. Su cuestionamiento a decisiones judiciales que pretenden echarse abajo inmensos casos relacionados con el narcotráfico fue directo al plexo del Poder Judicial.
“Hay un titiritero que hace que en esas salas se resuelvan temas de trascendental importancia”, denunció a CARETAS.
“Aprovecharon además la semana de Fiestas Patrias, cuando los más lúcidos están interesados sobre todo en los anuncios presidenciales. Han querido pasar piola”.
Se refiere a los fallos relacionados con los procesos de los Sánchez Paredes y Luis Valdez.
La ofensiva comenzó el jueves 5, cuando el ministro convocó a una conferencia de prensa acompañado de los procuradores antidrogas, Sonia Medina; del Ministerio de Justicia, Daniel Figallo y de la Fiscalía, Aurelio Bazán Lora.
El caso de Orlando Sánchez Paredes, con riesgo de ser archivado, está en la mira del Ejecutivo.
García Toma descalificó el fallo de los vocales Carlos Ventura Cueva, Hermilio Vigo Zevallos y Demetrio Ramírez Descalzi, de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel, que ordenaron archivar el megaproceso seguido contra Orlando Sánchez Paredes y Belisario Esteves Ostolaza por lavado de dinero (CARETAS 2140).
El ministro ironizó manifestando que los tres vocales “confundieron a los Sánchez Paredes con la familia Ingalls”, al darles un “tratamiento de ficción”, y anunció que el procurador Bazán Lora interpuso denuncia penal contra dichos magistrados por los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y avocamiento indebido ante la Fiscalía Suprema de Control Interno.
“Además de denunciar penalmente a los jueces”, anunció a esta revista, “ofreceremos cada cierto tiempo conferencias de prensa para dar a conocer los avances del proceso. Queremos que el caso se ventile. Si la prensa le quita los reflectores de encima, muere”.
Comunicado publicado en tres diarios defiende el fallo que pretende archivar el proceso.
PIMENTEL EN LA MIRA
El ministro también mostró su preocupación por el dictamen del juez supranacional Omar Pimentel, quien ordenó la excarcelación del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, procesado también por lavado de dinero del narcotráfico.
Aseguró que los procuradores investigarían al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que evaluó la salud de Valdez y emitió un informe médico que sirvió para su liberación por “problemas de salud”.
“Le pedí a (el jefe del INPE, Orlando) Rodríguez Rabanal que inicie una rápida investigación sobre el informe del médico Pedro Huellas. Es un documento blandengue. Para empezar, ¿es posible que un hombre senil, como lo califican, sea candidato a la alcaldía?”.
Jueces Omar Pimentel, quien ordenó la excarcelación del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez; y Carlos Ventura Cueva, que emitió fallo a favor de Orlando Sánchez Paredes.
El ministro explicó al diario La República que “hemos salido públicamente porque estamos enfrentándonos a un enemigo muy peligroso. Se requiere un conjunto de fuerzas para salvar al país de ser atrapados por el fenómeno del narcotráfico, pues ya conocemos experiencias como la colombiana hace algunos años y la reciente en México. La impresión que uno tiene es que las sentencias expedidas a finales de julio vienen con su aguinaldo, pero también porque los antecedentes de los jueces no son los más idóneos”.
En referencia al juez supranacional Omar Pimentel, quien liberó a Valdez, dijo que “es el mismo que resolverá el caso Sánchez Paredes. Y hasta la fecha no ha salido a dar la cara. El Poder Judicial ha mejorado, pero todavía está en rojo. No pasa el examen”.
COMUNICADO DE GUERRA
Los vocales respondieron con sendas cartas enviadas a CARETAS y al diario La República (ver Nos Escriben y Contestamos). Orlando Sánchez Paredes hizo lo propio con un aviso a página completa el domingo último en tres diarios de Lima.
El comunicado a la “opinión pública” está muy bien escrito y plantea sus argumentos con claridad. Sin embargo, defiende un fallo que, para el ministro García Toma, sigue siendo una “barbaridad jurídica”.
El gerente general de Compañía Minera Santa Rosa (Comarsa) alegó que “la Fiscalía demoró más de 800 días en tramitar la investigación, pese a que oportunamente se había solicitado por escrito presentado a la Fiscalía de la Nación, con fecha 17 y 30 de setiembre del 2008, la designación de un conjunto de fiscales adjuntos que se dediquen a agilizar y analizar el caso”.
César Vega Vega retó a procurador Figallo a revelar quiénes integran supuesta red, pero al mismo tiempo removió a magistrados y los reemplazó con Cecilia Alva y Erla Hayakawa.
Fuentes del Ministerio Público recordaron que dichas solicitudes fueron denegadas porque la megainvestigación les fue encargada, en enero de ese mismo año, al fiscal contra el crimen organizado Eduardo Castañeda y al Equipo Especial de Investigación (EEI) de la Dirandro, a cargo del coronel PNP Carlos Morán Soto.
Orlando Sánchez Paredes afirmó también que “se amplió la investigación siete veces, pese a que el propio Ministerio Público, con fecha 3 de marzo del 2009, había ordenado una quinta ampliación por 180 días señalando expresamente que se trataba de la última ampliación”.
Pero en setiembre, el fiscal Jorge Chávez Cotrina solicitó una nueva prórroga a pedido del propio César Nakazaki, abogado de Sánchez Paredes, que requería presentar nueva documentación. Entre enero del 2008 y marzo del 2010, los Sánchez Paredes presentaron casi un millón de folios, lo que retrasó aún más las pesquisas.
Sánchez añadió que “jamás hubo un comportamiento obstruccionista por parte de mi persona o de mis abogados, como lo prueba el hecho de que nunca se me sancionó o apercibió por algún acto de defensa”.
Presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein exigió que las sentencias fueran públicas.
Pero numerosos abogados de los procesados interpusieron un total de 30 hábeas corpus a lo largo de dos años. Entre los demandados, por supuestos delitos contra la fe pública y falsedad genérica, figuran la procuradora Medina, el director de la Policía, general Miguel Hidalgo; el coronel Morán, así como el comandante PNP Marcos del Águila y el mayor Jorge Luna, miembros del EEI.
Afirma también que “el fiscal demandado y la Procuraduría nunca cuestionaron y/o recusaron a los miembros de la Cuarta Sala Penal (ni por escrito ni en el informe oral), pese a que conocían con la debida anticipación que dicho colegiado tenía un precedente judicial que declaró fundada una demanda de hábeas corpus respecto a otras personas (sus cuatro hijos) en la misma investigación seguida por lavado de dinero”.
El dato es falso.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina y la procuradora Sonia Medina sí apelaron el fallo ante las instancias pertinentes, tal y como lo publicó CARETAS 2115.
Sostiene, finalmente, que “la sentencia judicial (a su favor) fue emitida a los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional en los casos Samuel Gleiser, que constituye doctrina constitucional obligatoria, y (Humberto) Abanto Verástegui, entre otras importantes sentencias”.
Sin embargo, dichos fallos no tienen carácter vinculante y eso lo sabe muy bien García Toma, que se desempeñó como miembro y presidente del TC entre el 2002 y el 2007.
“Gran parte de las citas sobre la jurisprudencia del TC son sesgadas”, explicó a CARETAS. “No corresponden a la realidad de los hechos ni son aplicables al caso concreto de los Sánchez Paredes. Prueba de eso es que el doctor Abanto (ex abogado de Sánchez) acaba de sacar un extenso artículo donde descarta la relación con su caso”.
¿UNA RED?
El lunes 9, el procurador Daniel Figallo volvió a la carga. “Apreciamos que en el tratamiento de las salas y juzgados habría una suerte de red que permitiría la conducción de los casos a través de unos jueces y una salas específicas para lograr la impunidad”, dijo a Ideele Radio. “Lo que tenemos es la sospecha de que funcionarios, secretarios, notificadores, jueces y vocales pueden estar involucrados. Yo no podría decir en este momento que el presidente de la Corte Superior de Lima, ni menos el presidente del Poder Judicial están involucrados (…) Pero la investigación está destinada a dar un reporte preciso de cuáles son las sospechas y cómo se fundamentan a hechos concretos”, aseguró.
Esa misma tarde, uno de los aludidos, el vocal César Vega Vega, presidente de la Corte Superior de Lima, retó al impetuoso Figallo a decir quiénes integran dicha red. Pero algún reconocimiento hubo al remover a los vocales Hermilio Vigo y Demetrio Ramírez, de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel. En su lugar colocó a las magistradas Erla Hayakawa Riojas y Cecilia Alva Rodríguez, a quienes pidió “proceder con ética y responsabilidad”.
Mientras tanto, el gobierno al que representa García Toma parece por fin convencido de que se enfrenta a una situación en la que la impunidad con el narcotráfico, cuyos tentáculos se extienden sin parar, vendrá a morderle la cola más temprano que tarde.
