Dos Gallos a la SupremaEl 2 de diciembre se elige al nuevo Presidente del Poder Judicial.
César San Martín y Enrique Mendoza frente a frente.
César San Martín
“Tenemos que detectar bolsones de corrupción. Habrá una política de transparencia y rendimiento de cuentas.”
“Hay que utilizar la tecnología”.¿Qué es lo primero que atacaría en la reforma del Poder Judicial?
–Siempre es mi lema: continuidad, porque hay un trabajo de varias administraciones, reordenamiento en lo que hay que hacer y desarrollo.
Tenemos un atraso de más de un millón de causas, más o menos un año de atraso.
La reducción no pasa necesariamente por más jueces sino con cambios de métodos de trabajo, servicios comunes, corporativización, tecnología, apoyo de personal capacitado de mando medio.
Tenemos que bajar a la mitad en dos años.
En el acceso de la justicia hay que utilizar intensamente las herramientas que la tecnología nos brinda.
Voy a hacer rápidamente un observatorio judicial para detectar casos emblemáticos y trascendentes, apoyarlos y garantizar su efectividad.
San Martín está al frente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
–¿Cómo va a usar la tecnología?–En la sala Penal Permanente he hecho uso intensivo.
De acá a dos semanas vamos a tener la primera audiencia virtual por videoconferencia.
El reo está en Trujillo, por un caso de drogas.
Además ahora sé cuántas causas tengo, cuándo se han entregado para sentencia y qué vocal las tiene.
Sé las demoras y el nivel de atraso, sé qué asesor letrado las tiene para sus estudios y proyección de decisiones. Antes nos demorábamos 63 días como promedio en resolver, ahora ya estamos en 13.
Lo voy a hacer en todas las cortes.
La oficina del nuevo litigante tiene que fortalecerse.
No quiero que sea desviado por extraños y por gente corrupta, porque el descrédito es de nosotros.
–¿Acepta entonces el nivel de corrupción?
–Hay, pues. Está presente. Hay un ámbito de procedimiento y sanción que es la OCMA y debe tener todo el apoyo. Por lo demás tenemos que trabajar por detectar bolsones de corrupción, prácticas que conducen a ella y eliminar fenómenos de riesgo.
Primero, política de transparencia y segundo, rendimiento de cuentas.
Colgar las agendas públicas de todos los jueces: a quién recibo y por qué, qué he dictado ese día. Publicidad.
Mendoza es el jefe de la OCMA. Tienen oficinas contiguas en Palacio de Justicia.
–¿Cuál cree que debe ser la función de la Corte Suprema?
–La Corte Suprema cumple un papel de orientación de la jurisprudencia, de fijar las grandes líneas de entendimiento del ordenamiento jurídico.
Debe tener un flujo de casos manejable que nos permita fijar posición en todos aquellos temas de real importancia. Tarufo expresa que el número de casos es inversamente proporcional a la calidad de la sentencia. Se ha impuesto en el pensamiento jurídico peruano la idea del modelo anglosajón, por el cual es la propia Corte Suprema quien define qué causas debe de conocer.
Yo planteé el modelo alemán, que fija un criterio de cómo lograr un acceso razonable a la Suprema.
La idea es tener un volumen de causas razonable.
Hoy tenemos más 30 mil y eso nos absorbe. Se debe hacer política judicial: yo digo, ahora quiero trabajar temas de derecho minero, ahora temas de bioética o quiero dar incidencia a las penas capitales.
–El gobierno le ha puesto freno a la implementación del Código Procesal Penal en Lima. ¿Qué opina?
–Mucho se ha discutido acerca de si el código es o no pro delincuente.
Todo proceso de cambios genera resistencias y desde luego debemos ir corrigiendo los excesos de garantismo pero también afirmando el valor de las libertades.
Tenemos que sentarnos a la mesa y para eso hay comisiones de implementación, a las que la Policía no ha estado asistiendo.
Con el ministro del Interior, Fernando Barrios, las cosas están yendo bien, es un político que tiene perspectivas y está bien situado.
El Ejecutivo tiene la lógica del Ministerio del Interior.
Nosotros tenemos otra información, pero el diálogo es fundamental.
El código ha generado varias prácticas extraordinarias de rapidez, sobre todo de una forma de hacer justicia transparente, y eso ha determinado dos cosas fundamentales: menos impugnaciones y menos quejas para los jueces.
Hay que mejorar los sistemas de investigación de la Fiscalía y la Policía.
–¿Que haría con el problema de la provisionalidad?
–A quien le corresponde nombrar es al Consejo de la Magistratura.
No obstante, los planes de emergencia se imponen en el tema.
La provisionalidad y la suplencia te impiden realizar políticas de capacitación, de gestión y de ordenamiento interno de la institución.
Hay que garantizar un más rápido nombramiento adecuado de los jueces. ¿Cómo hacerlo? Algo dice y bastante la ley de la carrera judicial, pero creo que aquí nosotros deberíamos implementar un plan que permita garantizar efectividad e independencia. No puedo poner un juez y sacarlo cuando quiero. Tiene que haber un tiempo fijo: yo te nombro por un año, te evalúo después y si te saco es por las fórmulas que sacaría a cualquier juez. Fíjese que al final más son los provisionales que los titulares, o sea, es preocupante y hay que generar métodos.
La sala plena de la Suprema tiene 17 vocales, incluyendo a los candidatos. Ellos elegirán
–¿Cuáles deberían ser las funciones de la justicia militar?
–Solamente para militares en actividad que violen derechos o violen bienes jurídicos o intereses jurídicos institucionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y siempre que lo hagan en acto o en ocasión del servicio que prestan a la nación.
Desde luego los crímenes horrendos, las torturas jamás pueden ser considerados como delitos de función, y eso está dicho a nivel internacional.
–¿Cómo observa los intentos para hacer prescribir delitos contra los Derechos Humanos en el Tribunal Constitucional?
–Es un tema inevitable por la coyuntura política. Voy a estar particularmente atento a los puntos de vista. Recomiendo mucho leer, por ejemplo, los archivos del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los grandes debates que se produjeron cuando se discutía el estatuto de la Corte Internacional de Roma.
La no prescripción es una norma general. ¿La aplico ya? ¿A partir de cuándo? Esa es la discusión que hay. Consultemos el derecho internacional.
Huelga de trabajadores del Poder Judicial que lleva más de una semana fue declarada ilegal. Presupuesto en debate.
–Si sale elegido, le va a tocar un momento eminentemente político.
–Debemos mantener con fuerza la independencia de los jueces y la autonomía de la institución, pero paralelamente con un gran ánimo de colaboración con los demás poderes públicos. No excluyo a nadie.
–¿Ni a un eventual gobierno fujimorista?
–Sea quien fuere. A eso le llamo lealtad constitucional.
La justicia es una política de Estado y todos estamos involucrados en ella.
Es posible conversar con quien fuere.
–Dice que no quiere ser recordado por el caso Fujimori. ¿Qué otros procesos fueron importantes para usted?
–Cada nivel de la judicatura te marca un nivel de experiencia.
Extraño mucho mirar a la gente, mirar sus problemas.
En la Suprema uno pone distancia. He tenido como todos casos que me han enseñado, en los que he fracasado, en los que me he sentido frustrado, casos en los que he sentido que he hecho algo por la justicia, como el que usted menciona, que es el estelar por su dimensión y lo que hicimos con profesionalismo e independencia. Casos de drogas he tenido muchos, casos de terrorismo bastante complicados.
Alberto Fujimori, actor en la sombra.
SENDERO LE PUSO UNA BOMBA.A mi mujer casi la matan. En otra ocasión juzgamos en Lima norte a un comando de aniquilamiento.
Los abogados eran particularmente inteligentes. Sabían plantear los temas. Había mucho fuste, mucho conocimiento del punto. El fiscal también era un tipo bastante aguerrido y la audiencia fue muy tensa. Terminó en condena el año 1991. CARETAS me hizo una entrevista hace muchísimos años donde yo hablaba del ambiente de las audiencias, de la ecología del ambiente del terrorismo. Los rostros, la gente. En otros casos grandes tuvimos unas lunas, como una pecera. Aparentemente te dan tranquilidad pero te quita algo de furor, te quitan fibra.
Y cada delito tiene sus particularidades.
No es lo mismo un caso de delincuencia común violenta que otro de delincuencia organizada económica.
En un caso de lavados de activos te encuentras con partes de gran nivel de posicionamiento y abogados de mucho nivel profesional. Ahí no hay mancos. Y a mayor desarrollo del país, más litigiosidad, porque la gente se empodera más de sus derechos.
Luego hay homicidios realmente monstruosos.
A nosotros se nos exige que seamos racionales y coherentes. Cuando yo no puedo explicar una razón, tengo que absolver. No hay otra opción.
¿Tuvo algún momento de duda en el proceso contra Fujimori? –Desde luego, pasa. Es un caso inédito. Viene un testigo, dice “a”, otro dice “b”. Y uno dice “oye compadre, hasta ahora no hay nada, esto está raro, ¿qué es esto?”. La gente dice, “condena, pues”, pero no, un momentito, acá hay un método.
Papeles de trabajo, resúmenes, comparaciones, referencias, un mapa del caso que es espantoso.
–¿Discutían mucho en la sala?
–La palabra sería “conversar ”.
Sí, muchísimo. La suerte fue que era un caso a dedicación exclusiva. Se comparaba, se constataba qué dijo uno y otro, cuáles son los puntos de discordia. ¿Por qué es creíble eso? Tonto, no es un tonto, estás comprado o no, estás vendido o no, por qué lo defiendes o no. Un juez siempre empieza con una duda metódica: “sí, puede ser inocente”.
Por eso nos causa cierto malestar que la prensa empiece a calificar porque sentimos que nos quieren manipular. Un juez tiene mucho equilibrio emocional, tiene que saber manejar el estrés. El que menos tiene úlceras, problemas con el sueño, con el hígado, hipertensión.
–¿Y usted?
–No, no, a Dios gracias.
–¿Duerme bien?
–No tanto. Pero sano hasta el momento.
Enrique Mendoza
“Vamos a aplicar métodos bajo una perspectiva de gestión y de gerencia más que una perspectiva jurisdiccional.”
“Necesitamos conductas y procedimientos nuevos”.¿Qué cambios haría de ser elegido presidente del PJ?
–Los cambios comprometen cuatro pilares:
- Estructural: El Consejo Ejecutivo está saturado por el día a día y la administración. Debemos democratizar el Consejo Ejecutivo y mejorar la infraestructura.
- Procedimental: Procedimientos legales, carrera judicial, reglamentaciones, transparencia y accesibilidad a información. Esto requiere de una oficina técnica de legislación normativa y coordinación parlamentaria e introducir la oralización que permitirá la reducción de trámites y procesos.
- Tecnológico: Informatización y el expediente digital. Hay que crear una red de informática que permita conocer que si una persona es detenida en Chiclayo, se sepa que también tenía orden de captura en Tacna.
- Conductual o ético: La parte disciplinaria, de ética laboral y de mejora continua de calidad. No existe de forma institucional y eso trae como consecuencia el maltrato a las personas. Además hay que mejorar sueldos y condiciones de trabajo.
Todo esto va atravesado transversalmente por una gestión técnica gerencial que aplica normas de reingeniería. No propongo ningún organismo nuevo, solo conductas y procedimientos nuevos. Esto va a redundar en que no haya un fallo torcido y si lo hay se endereza.
San Martín ganó reconocimiento mundial cuando estuvo al frente del juicio a Fujimori.
–¿Cuáles deben ser las prioridades de la reforma judicial? –Rechazo la palabra “reforma” pues mi gestión será la de la búsqueda de eficiencia y calidad en el Poder Judicial a través de técnicas y herramientas que existen en el mercado.
–¿Cuáles serían las prioridades de su gestión entonces?
–La instalación de indicadores a nivel nacional para saber qué estamos tratando. Antes de curar a un enfermo tenemos que saber en qué estado está.
Sabemos los diagnósticos, tenemos varios.
Vamos a aplicar métodos bajo una perspectiva de gestión y de gerencia más que una perspectiva jurisdiccional.
Los jueces no van a resolver ningún defecto de organización institucional, eso se resuelve con técnicas gerenciales y de ingeniería.
–¿Qué casos importantes ha resuelto?
–Soy un juez especializado en lo civil y lo constitucional y he visto casos de ese tipo.
Por ejemplo, hubo una demanda por un millón de años entre el Tribunal Fiscal y Cementos Lima pues la empresa pedía la exoneración de gravámenes de importación por varios años para sus ladrillos refractarios y declaramos infundada la demanda de Cementos Lima.
Otro caso de trascendencia a nivel civil fue uno relacionado con la paternidad pues la ley indicaba que el plazo para reclamar el reconocimiento de hijos extramatrimoniales era de 90 días, nosotros señalamos que el derecho a la identificación, a reconocer la paternidad es indefinido, que está encima de la ley.
Otra jurisprudencia nacional se dio cuando una señora recibió un embrión fertilizado de su hija y su esposo pur esta última no podía quedar embarazada.
La mamá tuvo al hijo y después no quiso entregar al hijo, nosotros resolvimos que el niño era de la hija.
Mendoza fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones en intensivo período de urnas.
–¿Debería ser la Corte Suprema solo un órgano de casación?
–La pregunta es, ¿debe quedarse la Corte Suprema como un organismo de casación abierto como es actualmente o cerrarse un poco y optar por el certiorari?
El certiorari es un mecanismo por el cual la Corte Suprema define cuáles son los temas que merecen revisarse.
No olvidemos que la casación no es una tercera instancia, sino que es una revisión de la sentencia para ver si se está aplicando la ley correctamente y guarda armonía o concordancia con nuestro ordenamiento legal.
Es una técnica por la cual no todos los que tienen derecho a ir en casación puedan pasar a la Suprema sino que ésta escoge unos cuantos que considera relevantes, los resuelve y se pronuncia sobre ellos.
La Sala Plena debe decidir si se tomará al certiorari como un objetivo.
Salvo la Sala Penal, las otras salas son de casación.
–¿No debería hacerse una Sala de Casación para todos los casos como en Estados Unidos?
–Allí son 9 jueces y si fuera como en el Perú, entonces tendrían que ver 18 mil expedientes al año y no es humanamente posible.
–Hay un problema con provisionalidad en la Corte Suprema, hay casi 20 vocales en dicha situación.
–Soy de la idea que deberíamos quedarnos con solo las tres salas que señala la ley, pero por un exceso de expedientes necesitamos de las provisionales.
Debe tenerse como mira la reducción de los expedientes que llegan a la Corte Suprema.
La tendencia es a la reducción de nulidades y apelaciones de 24% a 17%, lo que indica un derrotero.
–¿De ser presidente cómo acabará con la provisionalidad de los supremos?
–Hay demasiados expedientes que suben innecesariamente a la Corte Suprema porque no hay límite de cuantía en lo que se demanda.
Esto debería existir sobre todo en los asuntos civiles y comerciales.
En Alemania por ejemplo a partir de “x” euros ya no se puede ir en más de dos apelaciones o incluso una instancia cuando el monto demandado es menor que el costo de la apelación.
En el Perú se debe respetar la doble instancia, pero ir en casación por una cuestión nimia es inaudito.
Los procedimientos laborales, con un buen juicio han establecido límites, pero hay otro tipo de procedimientos que están produciendo una tremenda congestión innecesaria.
–¿En qué tiempo se haría la reducción de casos que descongestionen la Corte Suprema?
–Lo que demore el Congreso en aprobar esta ley, por eso es que sugiero la oficina técnica de legislación normativa y coordinación parlamentaria.
Deberíamos tener la capacidad de normar casi al nivel de un decreto supremo. Eso por ley debería permitírsele al PJ.
–El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) ya se aplica en el 50% de los distritos judiciales pero el Ejecutivo no le ha destinado presupuesto para el 2011. ¿Qué hará al respecto?
–Entiendo que hay una reserva de contingencia que se podría solicitar y seguir adelante con la implementación de este código que me parece muy importante, y no solo me quedaría en la reforma procesal penal sino que seguiría avanzando con la laboral.
Hay que aplicar la oralidad y tecnología, pues son audios y grabaciones que las extendería a videos con lo cual se completaría el panorama.
–Desde el 2004 el presupuesto del PJ se ha duplicado. ¿Cómo redistribuirá el presupuesto sabiendo que hay lugares donde las instalaciones del PJ son precarias?
–El crecimiento económico del Perú ha aumentado la delincuencia, el número de contratos, por ende los conflictos contractuales, etc. Por tanto el PJ es más requerido en sus servicios.
Pero actualmente con el que tenemos se puede sacar el jugo.
–El Instituto de Defensa Legal ha cuestionando que no hay transparencia en la elección de los presidentes del Poder Judicial. ¿Implementaría algún reglamento?
–Propondría algo similar a lo que propuse en el Jurado Nacional de Elecciones: la presentación de un plan de gobierno y con una anticipación prudente que les permita a los jueces estudiarlo.
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–¿Cuál es su posición frente al caso Fujimori?
–Que es un caso cerrado y debe mantenerse así tal y como está respetando la sentencia.
–¿Podrían prescribir los delitos de lesa humanidad?
–Allí sí me sujeto a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
–¿No hay prescripción?
–No.
–¿A qué se debe dedicar la justicia militar y la ordinaria?
–Tengo claro que la justicia militar debe aplicarse a los militares en delitos de función. Si un militar llega a su casa y tiene un acto de violencia familiar pues es un caso que depende del fuero civil, porque los bienes protegidos no son militares.
