ASESINATO DEL PRESIDENTE REGIONAL DE ANCASH.
( FUENTE: www.corruptosalacarcel.blogspot.com)
Nuestro BLOG expresa públicamente sus condolencias a los familiares y/o parientes del presidente regional de Ancash, José Luís Sánchez Milla, a quien lo conocimos personalmente y por quien siempre guardamos un profundo respeto por su decencia y nobleza al desempeñar sus funciones públicas; José Luís ha sido cobardemente asesinado, en una zona donde impera o conviven el crimen organizado con la delincuencia común, quedando demostrado los niveles de inseguridad ciudadana y violencia en que vivimos actualmente. La ciudadanía necesita saber los móviles exactos del homicidio y, de ser posible, las causas, razones o motivos. Además, queda claro que en este asunto la responsabilidad política recae directamente en el Ministro del Interior, quien sigue desempeñando funciones como si nada hubiera sucedido; similar actitud adoptó luego de firmar la Resolución Ministerial N° 0571-2010-IN que cancelaba la residencia, en el territorio nacional, del sacerdote Paul Michael John Tomas Mc Auley, quien con su Biblia en la mano, se dedicaba a la defensa de los derechos fundamentales de la población nativa.
Octavio Salazar Miranda, Ministro del Interior (PERÚ).
Nuestro BLOG considera que no basta que el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Javier Velásquez, pida una pesquisa; ni que las autoridades policiales descarten a priori un probable atentado, ni que discutan si se trato de un asalto o un robo, ni que el jefe policial de Trujillo aparezca relatando lo que posiblemente sucedió, ni que los acompañantes sean citados a declarar rápidamente. El hecho real y concreto es que el presidente regional de Ancash fue cobardemente atacado a balazos y falleció; en ese punto hay un responsable político y nadie actúa, ni interviene.
No olvidemos que durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) cuando una persona perdió la vida al interior en un local policial, el entonces Ministro del Interior tuvo el coraje cívico de renunciar, aún cuando no estuvo en el lugar de los hechos; y, que durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), el Ministro del Interior fue censurado por el Congreso de la República debido a situaciones lamentables ocurridas en la ciudad de Puno. Ninguno de aquellos actos democráticos produjo inestabilidad, ni la caída de los gobiernos de turno; al contrario, se fortaleció el Estado Constitucional de Derecho.
Por estas razones, nuestro BLOG se ve obligado, ética, moral y profesionalmente, a manifestar lo siguiente:
1. El Poder Legislativo no puede permanecer indiferente ante el asesinato de una autoridad elegida por votación popular, ni guardar un silencio cómplice; aún cuando la legislatura ordinaria haya culminado, lo miembros de la Comisión Permanente del Congreso deben exigir la inmediata presencia del Ministro del Interior para que formule las explicaciones del caso y si estas no resultan satisfactorias deberá presentarse una moción de censura, de acuerdo al artículo 132° de la Constitución Política, salvo que renuncie al cargo. Sin embargo, con mucha pena observamos que los grupos parlamentarios están más preocupados en la elección de la próxima Mesa Directiva o pensando en el pago de sus gratificaciones; hay una indiferencia colectiva, ante un hecho criminal que merece una reacción política inmediata.
Los políticos actuales aún no comprenden que es necesario fortalecer el sistema democrático y que para ello el Poder Legislativo tiene que cumplir un rol importante ejerciendo un verdadero control político y un efectivo rol fiscalización, que comprenda investigaciones parlamentarias, interpelaciones, censuras, destituciones o inhabilitaciones de altos funcionarios públicos.
Gladys Margot Echaiz Ramos, Fiscal de la Nación (PERÚ).
2. La Fiscal de la Nación a pesar de ser la titular de la acción penal pública, defensora de la sociedad y la legalidad aún no se ha manifestado públicamente sobre este repudiable asesinato del presidente regional de Ancash; por ello, estamos a la espera de conocer las instrucciones que ha dictado a los representantes del Ministerio Público (MP) para que procedan a realizar las pesquisas necesarias y formalizar las denuncias penales correspondientes.
La población se siente desamparada, desprotegida y/o abandonada por sus autoridades y quiere saber qué medidas adoptará su Institución para defender los derechos ciudadanos, amenazados permanentemente; además, todos somos testigos que los fiscales provinciales nunca intervienen de oficio, a pesar de conocer hechos criminales y que el ordenamiento jurídico vigente les otorga esa facultad. Los representantes del Ministerio Público (MP) esperan en sus oficinas que las victimas o agraviados presenten sus denuncias, las derivan a la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se demoran una eternidad, y después empiezan a evaluar si la tramitan conforme a Ley. No hay una intervención inmediata para defender a la sociedad, no hay un impulso decidido para efectuar las pesquisas preliminares, no han participado en las declaraciones; sólo dejan el tema en manos de los fiscales adjuntos que laboran en las dependencias policiales, quienes sólo están presentes en parte de las declaraciones y formulan algunas preguntas sin escuchar las respuestas, ya que a la vez están en varias diligencias. Ítem más, no deciden nada.
Finalmente, nuestro BLOG extiende la preocupación hacía la Defensoría del Pueblo ya que hemos podido constatar y/o comprobar que, también, permanece ajena de la ciudadanía y no cumple una tarea efectiva de protección de los derechos fundamentales. Sólo se dedicar a efectuar labores teóricas o preparar informes largos y extensos, pero en el campo no se les ve, ni escucha defendiendo los derechos humanos; incluso, cuando se le pide intervenir en determinadas acciones constitucionales de hábeas corpus no lo hacen, se mantiene ajenos al tema.
Lima, julio del 2010.
