Carlos Alfredo Cardenas Borja, abogado, defensor de procesos constitucionales y derechos humanos, Propuesto para recibir las medallas "Defensor del Pueblo del Perú"(2008)(2010) y la medalla "Madre Teresa de Calcúta"(2010)Consultor de la Comisión de DDHH del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (2010) Asesor Parlamentario del Congreso de la República del Perú (2011-2016) Comentarista Político Internacional /Teléfono:(51) 999-259375/e-mail: carloscardenasborja@hotmail.com/ X: @eltodopodero
Alan García Pérez
y Aurelio Pastor Valdivieso le conmutaron la
pena a Edwin Javier Valenzuela Meneses, narco colombiano capturado en Paita con más
de 4 toneladas de cocaína.
Dicha información es corroborada
mediante la Resolucion Suprema N°269-2009-JUS, de fecha publicación 24 de
noviembre del 2009, rubricada por el ex mandatario y su entonces ministro.
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(Resolucion Suprema N°269-2009-JUS)
Narcotráfico: Narco colombiano indultado por Miguel Facundo Chinguel cae con casi 4 toneladas de cocaína y un poderoso cártel en Paita.
La Red del Indultado
1.- Colombiano Edwin Valenzuela (34) cayó en 2004,
pero fue indultado por Facundo Chinguel en 2010. 2.- Guillermo Beltrán (50),
mexicano. La Policía cree que estaría ligado al cártel mexicano de Sinaloa. 3.-
Óscar Alesi (61), argentino. Constituyó las empresas de fachada para exportar la
coca. 4.- Haim Lewy (56), israelí. Lo pescaron en el almacén donde se escondió
la droga. 5.- Enrique Tato (50), argentino. Es un antiguo miembro de la
Gendarmería de su país. 6.- Renzo Rodríguez (41), peruano. Oficial en retiro del
Ejército peruano. 7.- Jorge Pereda (36), peruano. Exoficial de la Marina de
Guerra
Uno de los capos de la mafia
multinacional pescada en Piura hace una semana con casi 4 toneladas de cocaína
guardaba un sorprendente secreto.
Se trata del colombiano Edwin Valenzuela (34),
quien aparece en la lista de 373 narcotraficantes indultados por la Comisión de
Gracias Presidenciales del gobierno aprista, que dirigió Miguel Facundo
Chinguel, hoy preso en el penal San Jorge.
Valenzuela fue detenido como cabecilla de una banda
que traficaba cocaína a través de Serpost, el 24 de mayo del 2004.
La Policía determinó que Valenzuela estaba a cargo
de preparar y acondicionar la droga, por lo que fue sentenciado a 12 años de
prisión por tráfico de drogas en 2004.
En 2009, sin embargo, Facundo Chinguel le redujo la
pena a la mitad y el colombiano obtuvo su libertad en mayo del 2010.
Tres años después, vuelve a los titulares. La
Policía lo detuvo junto con otros 16 miembros de una organización que pretendía
enviar casi 4 toneladas de cocaína a Letonia desde el puerto de Paita, en
Piura, el martes 8 pasado.
Junto con Valenzuela cayeron varios peces gordos:
los militares peruanos en retiro Jorge Pereda (36), exoficial de la Marina, y
Renzo Rodríguez (41), un exoficial del Ejército.
También fueron detenidos Enrique Tato (50), un
exfuncionario de la Gendarmería argentina, el mexicano Guillermo Beltrán (50),
el israelí Haim Lewy (56) y los colombianos Hernán Jiménez (42), Germán Ortiz
(42) y Diego Grajales (35). Toda una red multinacional.
EL ZARPAZO
Un equipo de 25 agentes de la
División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Divitid), del Grupo de
Inteligencia ‘Escorpión’ y de la División de Investigación Especial (Divinsep)
le seguía el rastro al cártel desde hace un año. Cuando se tuvo confirmación de
la droga, se activó la alarma.
Los policías rompieron las puertas del local donde
opera la Empresa Distribuidora San Francisco, ubicada en la comunidad campesina
Buena Esperanza de Paita, el martes 8.
Primero abrieron un contenedor de la empresa
Maersk, donde descubrieron 3.7 toneladas de cocaína líquida escondida en 700
sacos de polietileno con aletas y filetes de pota congelada.
Después allanaron un segundo contenedor, propiedad
de la empresa Northern Fishing EIRL, con 300 ‘ladrillos’ de cocaína en polvo
camuflados entre sacos de aleta de pota.
Los trabajadores aún estaban acondicionando los
paquetes. Cayeron con las manos en la coca.
A juzgar por el descomunal volumen de cocaína
decomisado, la Policía no duda de que se trate de una de las organizaciones más
grandes de los últimos tiempos (AZ, AA).
Durante el gobierno de Alan García los extranjeros
sentenciados por tráfico ilícito de drogas que estaban recluidos en penales de
nuestro país fueron los más beneficiados. Una ley promovida por el Ejecutivo
les permitió a los reos foráneos no pagar la reparación civil que le debían al
Estado a cambio de que cumplan sus condenas en sus países de origen.
En 2008, la entonces ministra de Justicia, Rosario
Fernández, se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar
un proyecto de ley para realizar dos modificaciones al Código Procesal Penal
relacionadas con el traslado de 1094 presos extranjeros a sus países de origen.
El objetivo, según el gobierno de García, era deshacinar las cárceles peruanas.
Durante su presentación en el Parlamento, Fernández
explicó que de los 1094 presos con condena, 985 tenían sentencia por tráfico
ilícito de drogas, y de estos, el 80% eran burriers. La entonces titular de
Justicia planteó como uno de los principales problemas para enviarlos a su país
a cumplir sus condenas el pago de la reparación civil.
“Esta propuesta normativa implica, según las
estadísticas y la realidad, el destino de aproximadamente 1094 internos y está
motivada básicamente por el hecho de que uno de los principales obstáculos que
tienen los sentenciados extranjeros para formular su solicitud de traslado e ir
a cumplir la pena en sus propios países es el pago de la reparación civil”,
manifestó en aquella oportunidad.
Argumentó que “en una rápida operación de
costo-beneficio resulta para el Estado muchísimo más oneroso mantener a este
interno durante largos años que lo que tiene como expectativa, y en la mayoría
de los casos improbable de cumplirse, es decir, cobrar esa reparación civil
porque la mayoría de estos ciudadanos no tienen bienes en el país”.
En otras palabras, según Fernández, al Estado le
iba a salir más caro mantener a un reo extranjero en nuestro país y por eso era
preferible repatriarlo con la condición de que no se le cobre la reparación
civil porque, según ella, estos no tenían cómo pagar la misma.
Los integrantes de la Comisión de Justicia de ese
entonces discutieron la propuesta del gobierno de García y, en un primer
momento, no aceptaron perdonarle al reo foráneo su deuda con el Perú porque,
según ellos, era discriminatorio. Sin embargo, luego se mostraron de acuerdo
con la medida y la aprobaron.
En diciembre de 2008, el pleno del Congreso, presidido
en ese entonces por el aprista Javier Velásquez Quesquén, votó sin mayor debate
a favor del proyecto presentado por la ministra Fernández. Es decir, el
gobierno logró que se eliminara el pago de reparación civil para reos
extranjeros porque, supuestamente, iban a ser repatriados.
¿POR QUÉ SE LES CONMUTÓ?
Según el programa “#EsNoticia”, en noviembre de
2008 el gobierno mexicano le solicitó a nuestro país, a través de su embajada
en Lima, la repatriación de 16 mexicanos condenados por tráfico ilícito de
drogas que cumplían condena en cárceles peruanas.
Cabe precisar que el pedido del gobierno de México
se produjo cuando el proyecto de ley impulsado por la ministra de Justicia,
Rosario Fernández, estaba siendo debatido en el Congreso.
Lo que llama la atención es que al menos a dos de
los 16 mexicanos que eran requeridos por el gobierno de su país se les conmutó
la pena antes de que fueran enviados a sus países. Ese fue el caso de Jorge
Luis Mata Salazar y Pedro Gerardo Díaz Fuentes, a quienes primero se les rebajó
la condena y luego se les envió a México.
Mata Salazar había sido condenado a 13 años de
prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas. Alan García firmó una
resolución reduciéndole la pena a solo cuatro años, quedando libre en julio de
2010. Se presume que salió en libertad en México.
Díaz Fuentes, el otro mexicano, también había sido
sentenciado a 13 años de prisión por el mismo delito y el gobierno aprista le
redujo su pena a solo seis años y seis meses. Recién en diciembre de 2010, es
decir, dos años después de haber sido requerido por su país, fue repatriado.
SOSPECHOSO
Para el presidente de la Megacomisión, Sergio
Tejada, no era necesario que el gobierno de Alan García le redujera la condena
a reos extranjeros porque la ley promovida por la ministra Rosario Fernández
les permitía enviarlos a su país a que cumplan su pena completa.
“Si había algún tipo de convenio, si había una
repatriación para que cumplan su pena en su país, ¿por qué conmutarles la pena?
¿Por qué no dejar que cumplan efectivamente su pena allá?”, se pregunta el
congresista de Gana Perú.
A la procuradora antidrogas, Sonia Medina, también
le causa extrañeza lo ocurrido durante el régimen de García. “Yo creo que aquí
ha habido incoherencia entre las políticas públicas que de alguna manera se dan
en su momento. Si existe ya un convenio de repatriación de extranjeros y estas
son solicitadas de manera expresa, estas simplemente se cumplen y se dan”,
manifestó.
De otro lado, el reportaje también reveló que tres
extranjeros (un colombiano, un israelí y un español) que fueron repatriados por
el gobierno aprista volvieron a delinquir en nuestro país. Todos fueron
capturados por la policía cuando intentaban enviar droga al extranjero.
Alan García Perez y la conmutación de penas a sentenciados por narcotráfico
y robo agravado: Mayoría cree que hubo corrupción
Congresistas y un analista coincidieron en señalar ayer que
el último gobierno del expresidenteAlan Garcíafue una gestión
corrupta conforme lo indica la última encuesta de CPI que el 64.8 por ciento de
la población considera como un acto de corrupción del gobierno del exmandatarioAlan Garcíaliberar a 5,478
presos, 400 de ellos sentenciados pornarcotráfico.
“La última
encuesta de CPI señala que el 64.8% de consultados cree que hubo
irregularidades en indultos o conmutación de penas en el gobierno aprista.
"
“Ya se sabe que el ex presidente Alan García es
responsable de esa red de corrupción y que su gobierno fue corrupto”, dijo el
expresidente del Congreso.
Daniel Abugattás; mientras el analista Juan Sheput sostuvo que ese porcentaje
del 64.8 por ciento queda corto y que es evidente que el último gobierno de Alan García fue
muy corrupto y que es posible que más cosas siga saliendo.
Abugattás dijo que esa encuesta expresa la convicción ciudadana del país que
hubo corrupción. “Creo que es la confirmación de lo que afirmó el congresista Heriberto Benítez,
que estos sujetos de la Comisión de Gracias Presidenciales del APRA, estaban
cobrando 10 mil dólares a los
narcos para rebajarles un año de prisión”.
Consideró demostrado que esa comisión de indultos que encabezaba Facundo
Chinguel tenía como instrumento y contacto con los presos al exnarcotraficante
Manuel Huamán, promotor de los indultos.
El sondeo, realizado entre el 8 y 11 de abril, indica que solo el 18.1 por
ciento de los encuestados cree que en estos beneficios a los presos fueron
otorgados de acuerdo a ley; mientras que el 17.1 por ciento no sabe o no opina.
FUE UN GOBIERNO CORRUPTO
El estudio indica asimismo que el 65.1 por ciento
de los entrevistados considera que el segundo gobierno de Alan García fue
“muy corrupto” o “corrupto”; mientras que el 28.4 por ciento “poco corrupto”; y
el 1.9 por ciento “nada corrupto”.
Sobre la percepción de la ciudadanía en relación a la procedencia de los
ingresos del expresidente García, el 34.8 por ciento considera que vienen de
actos de corrupción durante su gobierno; y el 17.7 por ciento que provienen de
las conferencias que dicta, como afirmó sobre el origen del dinero usado para
comprar una residencia miraflorina.
El 7.1% cree sus ingresos proceden de la liberación de narcotraficantes y el
5.8 por ciento de sus negocios, como abogado y
trabajos extras.
El universo considerado en el estudio de CPI está conformado por la población
urbana del país, de 39 distritos de Lima y Callao, 17
departamentos y 30 provincias.
QUE HUBO CORRUPCIÓN
Es muy evidente
“Nadie en su sano juicio puede creer que haya más
de cinco mil beneficiados sin que no haya algo irregular. Es evidente que
negociaron los indultos”, declaró el legislador Víctor Andrés García Belaunde.
Sostuvo que es indudable que el acto de liberar los presos mediante
conmutaciones de penas e indultos ha sido un acto de corrupción del gobierno
del expresidente Alan García.
Indicó que los casos difundidos por los medios deben ser investigados de manera
exhaustiva para dar con los responsables.
JUAN SHEPUT
Ojo con la Fiscalía
El dirigente de Perú Posible
Juan Sheput dijo que todos los casos deben ser investigados y recomendó que el
Ministerio Público debe hacer su trabajo de manera transparente porque es
conocido que los hermanos del fiscal de la Nación, José Peláez, son apristas y
que por esta razón puede haber alguna irregularidad en las investigaciones.
Manifestó que la Megacomisión está haciendo un trabajo importante, pero le va a
faltar tiempo para investigar todos los casos de corrupción en conmutación de
penas e indultos.
GLORIA CANO
La gente se va dando
cuenta
La jurista Gloria Cano indicó que es evidente que
hubo corrupción en el último gobierno del expresidente Alan García y
que las cifras de CPI demuestran que la ciudadanía ya se dio cuenta de cómo fue
realmente la gestión del exmandatario.
“La impresión que tengo es que efectivamente, ha habido evidente corrupción en
los indultos y es necesario para restablecer la confianza ciudadana en sus
instituciones y que se realice un profunda investigación”, puntualizó.
Presidente el congresista Velasquez quiere que le
dé por adelantado una interrupción por alusión no sé si reglamento del congreso
lo permite pero ¿parece que no, no?
Entonces continuamos señor. Señor Presidente en los
últimos días, ahora que se habla mucho del tema de seguridad ciudadana, hemos
sido testigos de una serie de hechos que han ocurrido que realmente han alarmado
a todo el país, y digo alarmado porque mientras por un lado la policía con
apoyo de la DEA, DEVIDA, los bueno fiscales, los jueces honrados, luchan contra
la delincuencia, contra el narcotráfico, se esfuerzan, dictan penas drásticas y
ahora resulta que alguien de un plumazo rebaja la pena y pone en libertad o
delincuentes.
Entonces es un tema, Presidente, que no se puede ver
aislado del debate de hoy porque la secuela de los hechos que ocurren tienen un
defecto a posterioridad y, en esos días, Presidente, yo escuchaba a un ex
presidente la república decir que le daba pena, pena Señor Presidente, cuando
un grupo de pandilleros se reunía en una esquina tomar licor se les ha acabado
el trago y se veían obligados a robar el del celular a una persona para
continuar bebiendo. ¿Yo pregunto Señor Presidente si a ese jefe de Estado le da
pena el delincuente qué pensará el ciudadano al que le robaron el teléfono? Al
que lo patearon, al que lo agredieron, al que lo golpearon, al que de repente
lo internaron en un hospital o quedo minusválido o de repente hasta perdió la
vida. O sea vamos viendo que hemos tenido gobernantes lo que más les importa es
liberar al delincuente que proteger al ciudadano.
Y por otro lado, Señor Presidente, nos ponían otro
ejemplo y decían le estamos rebajando la pena a burriers, a gente que tiene
paquetitos de droga en el bolsillo y que es un abuso de los jueces que los
condenen. Pues señor, esos paquetitos de droga son los que se lo venden a la
juventud o adultos para que consuman, para que se vuelvan adictos, para que
destruyan familias, para que roben y de repente hasta maten señor por conseguir
droga.
Entonces no estamos hablando de hechos aislados ni
menores, estamos hablando de una política penitenciara como se ha dicho después porque
el ex mandatario apareció acompañado de ex ministros de justicia diciendo este
es una política para liberar las cárceles, para que la delincuencia baje, es una
política de Estado y es más aquel ex mandatario ha dicho que estudiaba caso por
caso uno por uno, se amanecía madrugada tras madrugada para evaluar y ayudar a
pobres ciudadanos que roban celulares o a pobres ciudadanos que le venden droga a
las personas. Ese hecho señor presidente implica una pregunta para la población:
¿cómo se siente el ciudadano de a pie cuando ve que la política que aplican de
seguridad o peniterciaria es para favorecer al delincuente ponerlo en las
calles y que corra peligro? ¿que siente ese ciudadano? ¿que le puede decir este
gobierno a ese ciudadano cuando esto viene corriendo aún cuando digan otros eso
es de atrás y no tiene nada que ver? Pero es la secuela señor presidente. No
estamos hablando de hechos aislados y si a eso señor presidente nosotros le
agregamos otra preocupación hace aproximadamente 15 años presidente, si no me
equivoco, en Colombia por ejemplo un ex presidente de la república fue involucrado en hechos de narcotráfico, aparecieron audios decía que le financiaba la
campaña los narcos ¿y que sucedió señor presidente? Pidió, ese ex presidente
colombiano, al ministerio público investíguenme a ver si me encuentran algo.
Lo investigaron y la denuncia la archivaron. Después
se fue al congreso y le dijo a ver que el congreso me investigue, lo
investigaron y la denuncia la archivaron. Pero la sospecha de que había vinculación con el narcotráfico seguia tipo seguía, habían audios y habían
evidencias. Y sin embargo ¿que hizo el gobierno de los Estados Unidos? Le quitó
la visa, le prohibió el ingreso a su país a un presidente en ejercicio
latinoaméricano porque existían sospechas de vínculos con el narcotráfico, Señor Presidente, por sospechas.
Y el antecedente más cercano del presidente -Samper
como me dicen acá- fue éste un del secretario general de las naciones unidas que
lo había acusado por su pasado nazi y también le prohibieron el ingreso. Entonces
yo preguntaría hoy señor presidente cuando encuentran en el Perú a un ex
mandatario que rebaja las penas a traficantes de droga, que pone en la calle a
traficantes de droga, que a traficantes de drogas los meten comisión de derecho
de gracia, ¿que podrá hacer los Estados Unidos en ese caso Señor Presidente? ¿de
repente también le prohíben el ingreso al país? ¿de repente también le quitan la
visa? Entonces los hechos no son sencillos señor presidente, estamos hablando
de una política que se llevo a cabo cuyas consecuencias las podemos ir
sufriendo ahora. No digo que esa sea la causa total ni general de los hechos
pero sí ha podido ir alimentando la violencia, Señor Presidente, así como se
incrementa el narcotráfico se incrementó el consumo de drogas se incrementa la
delincuencia y, si los gobiernos deciden rebajar penas de 18 a 9 años de 12 a
04 años de 15 a 05 años estamos hablando de liberación de grandes
organizaciones delictivas liberación de traficantes de droga con todas las
agravantes existentes. No hablamos de burriers, ni de paqueteros, ni de
pandilleros.
Por esa razón, señor
presidente, yo creo que en esta lucha tenemos que ser enérgicos, tenemos que
ser drásticos, y si hay funcionarios responsables no sólo de este sino de
gobiernos anteriores, habrá que sancionarlos de manera ejemplar, señor
presidente y, si es necesario sea el cargo que tenga, que se vayan a la cárcel señor.
(FUENTE: Congreso de la República, Viernes 12 de abril 2013)
Heriberto Benitez Rivas en su intervención en la interpelación al Premier Juan Jiménez Mayor en el Congreso de la República.
(Fuente Congreso de la República, Viernes 12 de abril 2013)
Pide castigo para los que resulten responsables en indultos irregulares
Lima, abr. 11 (ANDINA). En caso de que existan indicios de corrupción en el proceso de indultos y conmutaciones de penas durante el gobierno anterior, los culpables deben ir a la cárcel, sin importar el alto cargo desempeñado, sostuvo hoy el legislador Heriberto Benítez.
"El indicio, la sospecha de que se pagó (para salir en libertad) existe. Si se demuestra (la corrupción), los culpables deben ir a la cárcel, sea quien sea, incluso un expresidente", manifestó el legislador de Solidaridad Nacional.
Benítez señaló que así como el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión por violación de los derechos humanos y corrupción en su gestión, también se debe ser enérgico con el caso de los indultos otorgados en la pasada administración aprista.
"La impresión que tengo es que sí se cobraba por la reducción de penas e indultos en caso de gente sentenciada por tráfico de drogas" durante el gobierno anterior, declaró a Canal N.
El también vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso señaló que de haber indicios de actos de corrupción, los responsables pueden terminar en la cárcel.
Una denuncia periodística reveló que Manuel Huamán Montenegro, exreo por narcotráfico y militante aprista, trabajó en la Comisión de Gracias Presidenciales durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Benítez dijo que el Partido Aprista pretende "bajar el nivel del debate al enviar a que dé la cara a un funcionario de segundo nivel", como el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno aprista Facundo Chinguel, para que se enfrente a la "megacomisión".
La "megacomisión", que investiga las presuntas irregularidades durante el segundo gobierno de García, es blanco de duras críticas por parte del APRA, que lleva a cabo una campaña de desprestigio contra el titular de este grupo especial de investigación, puntualizó.
Heriberto Benítez: “Alan Garcia podría ser inhabilitado por diez años”
La política de indultos y conmutaciones de penas llevada a cabo
por el expresidente Alan García, sus ministros de Justicia, y la Comisión de
Gracias Presidenciales durante el gobierno aprista, realmente fue un escándalo.
No es cierto que
el líder aprista tuvo compasión por los llamados ‘paqueteros’ y que por esa
razón les redujo sus condenas y dejó en libertad. Tampoco es cierto que conmutó
penas a jóvenes que arrebataban un celular al paso para comprar cerveza como
sostuvo el último lunes en conferencia de prensa.
Según el
congresista Heriberto Benítez, de haber sido así las penas no hubieran pasado
de los seis años de cárcel. Sin embargo, en los casos que la Megacomisión
investigó sobre el delito de tráfico ilícito de drogas y en los casos de robo
agravado revelados por el parlamentario, las condenas son de 18 años, es decir,
son sanciones muy graves.
“Las resoluciones
que han salido en el diario El Peruano señalan que las penas máximas son de
seis, no hay más. Sin embargo, en la mayoría de estas resoluciones las
conmutaciones de penas son para condenados que tienen que cumplir 15 años y 18
años que les rebajan dos tercios de la pena. Es un escándalo”, expresó.
Autores de delitos como robo agravado y narcotrafico, beneficiados en su mayoria con irregulares conmutaciones de pena en el gobierno de Alan garcia
Uno de esos casos
es el de Amelia Emperatriz Reyes Alfaro, quien fue condenada a 15 años de
prisión por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. El presidente García y
su ministra de Justicia, Rosario Fernández, firmaron la resolución que le
redujo la pena a solo seis años.
Benítez criticó a
García y a los congresistas apristas que en reiteradas oportunidades han
afirmado que durante su gobierno indultaron y conmutaron penas a condenados que
ya habían cumplido dos tercios de su pena y habían permanecido en la cárcel
mucho tiempo.
“Ellos (García y
los parlamentarios apristas) nos querían informar que era lo contrario cuando
en realidad con los indultos y las conmutaciones de pena eliminaron dos tercios
de la condena”, manifestó.
Asimismo, explicó
que en las resoluciones que firmaban los ministros de Justicia y el
expresidente Alan García no aparece el delito por el cual el beneficiado había
sido condenado a prisión. “La gente no se entera del delito y pensará que se
trata de personas que están delicadas de salud, están enfermas, que tienen
avanzada edad y que merecen ese beneficio”, comentó.
INHABILITACION POR DIEZ AÑOS
El pre informe de
la Megacomisión acusa a Alan García de haber trasgredido el artículo 8º y el
artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Además, el grupo de trabajo
que preside el congresista Sergio Tejada señala que “existen indicios
suficientes que justifican que al expresidente de la República se le investigue
por el delito de encubrimiento personal”.
En ese sentido,
Benítez indicó que en caso de que el líder aprista haya cometido una infracción
a la Constitución, el exmandatario podría ser inhabilitado por 10 años de la
función pública.
“Es un tema
sumamente grave donde, en mi concepto, hay una infracción a la Constitución por
la cual Alan García podría ser inhabilitado hasta por 10 años de la función pública
y si además se comprueba que hay delito podría terminar hasta en la cárcel”,
opinó el legislador.
En relación con la
denuncia de un condenado por narcotráfico, quien afirmó ante la Megacomisión
que miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales durante la gestión del
aprista Miguel Facundo Chinguel pedían 10 mil dólares a cambio de la reducción
de un año de condena, Benítez explicó que “esto pasa por una comisión, por el
ministro y por el presidente de la República. Lo que hay que averiguar es si es
que pagaron en todos los niveles y ese dinero que pagaban a dónde iba”.
“Porque si es así
y se comprueba que pagaron para que le rebajen la pena ya estamos hablando de
un delito de corrupción de funcionarios en el que podrían estar comprometidos
los ministros de Justicia y el propio Alan García”, agregó.
NARCOTRÁFICO Y ROBO AGRAVADO
Si algo
caracterizó la política de indultos y conmutaciones de pena incremendurante el
gobierno aprista es que los condenados que recibieron la gracia presidencial
habían cometido el delito de tráfico ilícito de drogas y robo agravado.
Entre julio de
2006 y julio de 2011, 3,249 sentenciado por narcotráfico recibieron la
conmutación de pena. Asimismo, García le otorgó dicho beneficio a 1,646
condenados por robo agravado. (Ver recuadro)
De igual manera,
de un total de 104 reos que recibieron el indulto por razones humanitarias, 65
habían sido condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas y 24 por el
delito de robo agravado.
Por último, en lo
que se refiere a indultos comunes concedidos durante el gobierno aprista, 99 de
un total de 128 estuvieron dirigidos a sentenciados por el delito de robo
agravado.
Procuradora antidrogas: “Indultos de Alan debilitaron la lucha
antidrogas”
Para la
Procuradora Antidrogas, Sonia Medina, la política de indultos y conmutaciones
de penas otorgadas durante el gobierno de Alan García colisionaron con los
objetivos de la lucha antinarcóticos en nuestro país ya que varios de los
beneficiados han vuelto a delinquir.
Medina precisó que
cuando el jefe de Estado debe tomar una decisión sobre otorgar o no una gracia
presidencial también debe poner en la balanza el derecho de un sentenciado por
tráfico ilícito de drogas a salir en libertad con los derechos de la ciudadanía
a vivir en tranquilidad.
“Ese aspecto
resulta fundamental, más aún cuando se han dado casos de narcotraficantes
indultados en el gobierno anterior que luego han reincidido y afectado los
intereses del país con su ilícito accionar”, indicó.
“Son pocos, pero,
desgraciadamente, se dan estos casos y esas son las grandes contradicciones;
(los narcotraficantes indultados) vuelven a caer y reincidir”, agregó la
abogada del Estado.
En ese sentido,
Medina señaló que la liberación de condenados por el delito tráfico ilícito de
drogas en su forma agravada debilitó el trabajo del Estado en su lucha contra
el narcotráfico.
“Dentro del
procedimiento de rigor, lo que más se debe evaluar es si realmente el interno
merece o no el indulto, porque si se tiene una sentencia bajo figura agravada,
la ley no concede el indulto para esos casos”, sentenció la Procuradora
Antidrogas.
EL DATO
El artículo 8º de la Constitución Política del Perú señala que “el
Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, revela el uso
de los tóxicos sociales”.
Heriberto Benitez Rivas, congresista de las filas de la agrupacion Politica Solidaridad Nacional, habla sobre la conmutación de penas a narcotraficantes y delincuentes condenados por el delito de robo agravado, otorgadas por el expresidente Alan garcia durante su segundo gobierno.
En entrevista a canal N, sugiere al expresidente colabore con la justicia y se someta a la colaboracion eficaz
Preinforme de megacomisión contempla inhabilitar a
Alan García por 10 años
Documento sobre indultos dice que ex presidente cometió
infracción constitucional. Además, se asegura que 4 ex ministros incurrieron en
delito de encubrimiento
La megacomisión, en su preinforme, plantea inhabilitar a Alan García para ejercer la función pública hasta por 10 años. (Foto: Archivo El Comercio)
Los asesores del congresista oficialistaSergio
Tejada, presidente de la comisión que investiga los presuntos actos
de corrupción del gobierno aprista, aún no han elaborado las conclusiones del
informe sobre indultos y gracias presidenciales. Sin embargo, en los
considerados –que ya han sido redactados y entregados a los parlamentarios de
la llamada megacomisión– se propone denunciar penalmente a los ex ministros de
Justicia María Zavala, Víctor García Toma, Aurelio Pastor y Rosario Fernández.
Según
pudo constatar este Diario, el delito por el cual se planteará denunciarlos es
el de encubrimiento, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, el cual
establece: “El que sustrae a una persona de la persecución penal o la ejecución
de una pena o de otra medida ordenada por la justicia será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis”.
Y
alex
presidente García, como no le alcanza responsabilidad por los
indultos, se lo acusa de haber cometido infracción constitucional: el artículo
118 de la Constitución reconoce al presidente de la República la facultad de
conceder indultos y conmutar penas, siempre que, de tratarse de procesados, la
etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.
Por haber transgredido este artículo,se plantea inhabilitar a Garcíapara ejercer la
función pública hasta por 10 años.
Según
el documento, el gobierno aprista sustrajo de la acción y la ejecución penal a
condenados y procesados (varios de ellos por narcotráfico) al indultarlos. A lo
largo del informe se lo acusa además de haberse atribuido funciones del Poder
Judicial.
La
megacomisión tiene plazo hasta el 17 de mayo para presentar sus informes
finales. Por su composición, (tres nacionalistas y un peruposibilista, entre 7
integrantes), se da por descontado que serán aprobados.
Sin embargo, la inhabilitación a Alan García requiere 87 votos en
el pleno. Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio suman juntos
68 votos.
ACUSACIONES Y RESPUESTAS
El congresista aprista Javier Velásquezdijo que hay una estrategia del Gobiernopara impedir que
García participe en las elecciones del 2016.
Acusó al primer ministro, Juan Jiménez, de estar al mando de
esta campaña. “Es una estrategia montada por el Gobierno y apoyada por la
alianza política entre Gana Perú y Perú Posible, para descalificar política y
moralmente al ex presidente García y sacarlo del camino”, dijo.
Jiménez,
por su parte,recalcó que no hay injerencia política del Gobierno en la
megacomisióny atribuyó las expresiones de los apristas a temores o
nerviosismos. “No quisiera que se haga política electoral en el 2013, es muy
prematuro [...] Que las personas que están investigadas no generen otro tipo de
debate. Por qué desviar la atención de una investigación”, dijo Jiménez.
Y
anoche, como para atizar más el fuego, el ministro de Defensa Pedro Caterianodenuncióque durante el segundo gobierno aprista se realizaron 157
compras militares secretas por S/3.200 millones.
Expresidente peruano
intenta justificar miles de indultos
Lima, 1 abr (PL) El expresidentes peruano Alan García defendió hoy los
cinco 500 mil indultos y reducciones de penas que otorgó durante su gobierno
(2006-2011), mientras un legislador que investiga el tema insistió en
calificarlos como escandalosos.
García dijo en conferencia de prensa que otorgó esas gracias a aproximadamente
el diez por ciento de la población carcelaria, a transportadores de droga y
ladrones de menor cuantía, para aliviar el hacinamiento de los presidios y por
un criterio compasivo.
Adimitió haber revisado uno por uno los expedientes y citó algunos casos
conmovedores, alegó que no incurrió en ningún delito y que casi todos los casos
fueron de conmutaciones (reducciones) de penas, habiendo otorgado 104 indultos.
Entre sus argumentos dijo haber pedido consejo solo a Dios para actuar
compasivamente y negó que entre los liberados, que incluyen transportadores de
droga extranjeros expulsados del país, hubiera grandes narcotraficantes.
Sin embargo, el presidente de la comisión del Congreso de la República que
investiga denuncias de corrupción bajo el reciente gobierno de García, Sergio
Tejada, insistió en que le parece escandaloso que en cinco años de gobierno
García haya dado libertad anticipada a más de cinco mil presos.
Las cifras equivalen aproximadamente a tres por día y Tejada rechazó la
afirmación de García y dirigentes de su Partido Aprista, que lo acusan de
actuar por instrucciones de la presidencia de la República. Reiteró que del
total de indultos y conmutaciones, más de tres mil corresponden a condenados
por tráfico de drogas, y entre estos, 400 cumplían severas penas por
narcotráfico con agravantes, figura que se aplica a cabecillas y miembros de
bandas.
Por su parte, el procurador Anticorrupción, Ronald Gamarra, pidió investigar
uno por uno los perdones otorgados por García, que según dijo recientemente el
congresista Heriberto Benítez, habrían sido dados a cambio de fuertes sobornos.
"Hay que revisar caso por caso y si se trata de personas condenas por
narcotráfico, en su modalidad agravada, evidentemente el presiente de la
República habría pasado los marcos de la ley" que lo prohíbe para esos
casos, manifestó Gamarra.
Advirtió que un presidente no está por encima de la ley y, por lo tanto, debe
ceñirse a las normas que regulan la concesión de indultos y gracias
presidenciales.
"El derecho de gracia tiene límites. No es cierto que el presidente pueda
hacer lo que le da la gana respecto al indulto. Por más corazón que tenga, hay
limitaciones", expresó sobre los alegatos de García.