¿Qué oculta o pretende ocultar el Poder Judicial en el escandaloso caso de la interceptación de las comunicaciones que involucra a la empresa de seguridad Business Track (BTR)?
La pregunta es legítima ante el comportamiento dilatorio y negligente que ha venido mostrando la justicia en ese proceso, al extremo de suspender, en tres oportunidades, la inspección de los equipos que fueron utilizados en el “chuponeo”.
Estamos ante una comedia de situaciones o una grotesca tomadura de pelo por parte no solo de María Martínez Gutiérrez, encargada del Juzgado Penal 34, sino también del propio presidente de Corte Superior de Lima, César Vega Vega, quien aseguró que la mencionada jueza contaba con todas las facilidades para llevar adelante sus pesquisas.
En la práctica, eso no se ha cumplido.
Hasta la autenticidad del software que utiliza Martínez Gutiérrez, para visualizar los materiales incautados, ha sido puesta en entredicho por los implicados.
Esto último puede tratarse de una leguleyada o una imprevisión más del Poder Judicial.
Sin embargo, nada justifica la lentitud de un proceso que —repetimos— no muestra avance alguno, sobre todo si se le compara con la celeridad que en su momento le impuso la fiscalía.
Recordemos que en enero pasado, y en menos de tres semanas, el Ministerio Público y la Dirandro detuvieron a los directivos de BTR, denunciaron a los culpables e iniciaron la revisión de las grabaciones de las interceptaciones, trabajo que probablemente ya habría concluido si la jueza Martínez no hubiera cambiado de opinión y exigido que se le entregaran todos los materiales.
Después, en marzo, la magistrada se inhibió del caso para luego retomarlo de manera reticente, pues, recién hace dos semanas, dispuso la reprogramación de las diligencias con la confrontación de los procesados y la revisión del material incautado.
A este paso, pronto se cumplirán siete meses desde que se difundió el primer audio con la conversación privada entre León Alegría y Quimper, y cuatro desde que la Dirandro detuvo a Ponce Feijoo, Tomasio, Giannotti y otros miembros de Business Track.
La ciudadanía tiene derecho a saber por qué una investigación que se inició con esmero y responsabilidad parece languidecer ante un Poder Judicial incapaz de reaccionar ante la intemperancia de abogados que evidentemente buscan llevar agua para su molino.
Como ha sido nuestra posición editorial desde el comienzo, recordemos que estamos ante dos delitos que no pueden quedar impunes: uno es la red corrupta que se esconde tras las inversiones petroleras y otra cosa es el espionaje de las comunicaciones y la escucha de conversaciones privadas.
Es más, ahora se sabe que los “chuponeadores” cumplían tareas adicionales de seguimiento ilícito, lo cual abre varias líneas de análisis.
Además, la lupa debería colocarse en las ramificaciones de los delitos denunciados que, en principio, tendrían ramificaciones no solo hacia el sector petrolero, sino también cementero.
Por eso, ¿existe el propósito de revelar quién se esconde tras BTR o se está buscando congelar el caso?
No nos sorprendamos después, cuando algunos de los inculpados exijan su libertad por exceso de carcelería.
¿A quién respaldan la Corte Superior de Lima, la Corte Suprema y la OCMA?
1 comentario:
es que asi siempre nos engañan, mañana todos seran inocentes y asesores van a volverse, ¡este es el apra, que les parece!
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