Vizcarra: ¿Un juez con padrino?
El juez Edgar Vizcarra Pacheco fue denunciado penalmente en el 2009 por la Asociación Civil Unidos contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos (UCONA), presidida por el ex congresista Heriberto Benítez. El presunto delito: enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Como consecuencia de ello, la OCMA dispuso una investigación que podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el país. Claro, si todo se hace como debe hacerse.
Unidad de Investigación
El juez Edgar Vizcarra Pacheco en el banquillo. La OCMA lo ha suspendido en sus funciones y la poliia lo investiga por enriquecimiento ilicito y lavado de activos
El 29 de diciembre de 2009, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), solo dos días antes de que la vocal suprema Elcira Vásquez deje el cargo, resolvió que el juez del Cono Este, Edgar Vizcarra Pacheco sea suspendido de manera preventiva y que se le abra proceso administrativo disciplinario.
La DIVILA, unidad especializada de la Policía Nacional, tiene en sus manos la ampliación de una investigación que podría marcar un capítulo importante en la historia de la lucha contra la corrupción. La responsabilidad es enorme. Esta unidad deberá presentar el informe detallado de los testimonios de los involucrados y de las investigaciones en curso. La opinión pública debe prestar atención a este caso que puede ser emblemático.
Los argumentos de OCMA
El artículo primero de la resolución de la Jefatura Suprema de la OCMA indica que el juez Vizcarra “no habría justificado documentalmente, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, los signos exteriores de riqueza que evidencia, previo requerimiento del órgano de control”.
Además, manifiesta que existe un “presunto incumplimiento de su deber contenido en el numeral 14 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial, al no haber presentado declaración de bienes y rentas al variar sus bienes y/o rentas más de un 20%; por cuanto omitió declarar la compra venta celebrado (sic) por su hijo Eduardo Vizcarra Guillén con intervención de su cónyuge”.
La OCMA advirtió varias irregularidades antes de suspender a Vizcarra Pacheco. La primera de estas fue la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al año 2006.
Según la resolución del órgano de control, Vizcarra declaró en el rubro “Ingresos” una remuneración bruta mensual de 4,705.00 nuevos soles. En el rubro de “Otros ingresos mensuales” mencionó que cuenta con predios arrendados, subarrendados y cedidos por un valor de 855.00 nuevos soles, lo que suma un total de 5,560.00.
En el rubro de “Bienes inmuebles del declarante y sociedad de gananciales”, declaró un departamento en Miraflores avaluado en 30 mil nuevos soles y una casa en San Borja que, según el autoavalúo, tiene un valor de 252,964.92 nuevos soles y que manifiesta que es propiedad de su esposa.
En “Bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales”, el investigado expone como propios dos vehículos: un Toyota Corolla año 96 y un Toyota Hi Lux Surf del año 1997, ambos por un valor total de 47,500 nuevos soles. En el rubro “Otros”, Vizcarra manifiesta contar con obras de arte que cuestan un total de 34 mil soles y joyas de su cónyuge por un valor de 70 mil soles. Además, cuando presenta el detalle de sus cuentas bancarias, manifiesta contar con ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones la cantidad de 127 mil Soles.
Según su declaración, la esposa ganaba entonces 4 mil soles mensuales en el sector privado. De esta manera, el resumen de su declaración jurada del año 2006 muestra que Vizcarra y su esposa tienen ingresos mensuales de 5,560 nuevos soles, “Otros” por 135,300 nuevos soles y bienes por 434,484.92 nuevos soles. La cantidad de dependientes a su cargo son tres, según el mismo documento público.
La OCMA afirma que el magistrado no habría justificado con documentos la declaración de las joyas de su esposa, sus obras de arte, la procedencia de sus ahorros y de los ingresos de su cónyuge, lo que suma aproximadamente 235 mil nuevos soles.
Y no queda ahí.
Las irregularidades sigue: Los ahorros declarados en el Banco de Crédito provienen del pago a su esposa de la suma de S/. 160,393.98 por concepto de indemnización por despido arbitrario. El juez Vizcarra acompañó esta declaración con una copia del depósito judicial respectivo y la orden de pago. Sin embargo, la declaración jurada fue presentada el 19 de enero de 2006 y el depósito judicial aludido contempla como fecha de entrega el 23 de mayo, es decir, cuatro meses después de la presentación de la declaración de Vizcarra. Pero, eso no es todo. La misma suma aparece ya depositada como “fondos mutuos” en diciembre del año 2005. En resumen, Vizcarra mintió en su declaración.
El sueldo mensual de 4,000 soles de la esposa de Vizcarra Pacheco tampoco fue justificado. La relación laboral de ella con Petro Perú S.A. se inició el 01 de enero de 1994 y terminó el 31 de julio de 2003. El investigado no presentó sustento de un trabajo posterior de su cónyuge.
Resolución de la OCMA en la que se dispone abrir un proceso disciplinario contra Vizcarra.
Después del 2007
Las declaraciones de los años siguientes traen sorpresas también. En la del año 2007, Vizcarra nuevamente obvia una explicación acerca de las joyas (70 mil soles), obras de arte (34 mil soles) y los ahorros por 125 mil soles. Los ingresos de su esposa resultan sospechosos a la OCMA.
Habiendo presentado su declaración jurada el 25 de enero de 2007, en su informe menciona que los ingresos de su esposa ascienden a la suma de S/. 24,000 por concepto de honorarios profesionales como abogada traductora pública. Sin embargo, del certificado de retenciones de la empresa para la cual realizó las traducciones, BPZ Energy INC Sucursal Perú, se calculó una renta bruta en el ejercicio gravable 2006 de S/. 113,042, cuyo promedio anual es inferior a los 24 mil soles declarados.
En el año 2008, el total de los ahorros del juez Vizcarra pasa a sumar 613,850.00 nuevos soles en distintas cuentas declaradas. Esto, sumado a sus bienes, que suman 443,259.10 soles, hace un total de más de 1 millón de soles de patrimonio de un juez que declara ganar solo 4,705 nuevos soles al mes.
La OCMA sigue desconfiando de las joyas y obras de arte, que suman más de cien mil soles.
Además, recoge en su informe acusatorio que el magistrado no habría justificado documentadamente un total de 576,250. soles.
Vizcarra no presentó documentos que acrediten los ahorros en soles de su cónyuge ni la fuente de este ingreso, que, además, no coinciden con el monto declarado en la cuenta de ahorros de Interbank, en la cual hay unos 39 mil soles más de lo declarado por el magistrado.
Asimismo, la OCMA pone en duda que Vizcarra haya hecho de conocimiento el incremento patrimonial respecto del inmueble ubicado en Magdalena por un monto de 59,680 soles.
Sin embargo, no acompaña el documento que sustente el denominado acto de División, Partición y Adjudicación que motiva el incremento.
Mientras sus propiedades, ahorros e ingresos suben, el juez investigado no sustenta de dónde proceden dichos cambios.
Cualquiera con dos dedos de frente sospecha.
Por algo la OCMA lo suspendió de si cargo.
Pero, eso no es todo.
El año 2009 también trajo sorpresas para el órgano de control. Otra vez dudas en relación a las joyas y las obras de arte. Pero, adicionalmente, este año la OCMA considera que el magistrado no habría justificado documentadamente un monto aproximado de 367,000 nuevos soles. Pero, surge algo nuevo y que causa serias suspicacias: la adquisición de un departamento.
Extraña maniobra
La OCMA califica como “singular” el hecho de que “sin reducir sus ahorros, depósitos y otros ingresos (…), la cónyuge del Magistrado investigado habría intervenido en un contrato de Compra Venta con A.S.P. Contratistas Generales E.I.R.L. para la adquisición de un departamento Duplex (…) del distrito de Miraflores, con el precio de 75 setenta y cinco mil dólares americanos)”.
Lo más extraño de esta transacción es que el departamento ha sido adquirido a nombre de Eduardo Vizcarra Guillén, hijo de la pareja, que es estudiante universitario y vive en casa de sus padres sin ingresos propios que justifiquen esta compra. Existe, además, un contrato de usufructo celebrado a título gratuito con su madre, Hilda Guillén de Vizcarra.
Es decir, la madre le dona un dinero al hijo para que compre el departamento. El hijo lo compra pero no lo usa para sí, sino que le otorga a la madre el usufructo de este.
Los especialistas dicen que esta es una maniobra típica de quienes quieren ocultar una propiedad, ya que, al hacer la búsqueda en Registros Públicos, aunque las rentas o el uso de este inmueble beneficien a la sociedad conyugal, no aparece ninguno de los esposos como dueños.
Esta suposición queda confirmada cuando la OCMA informa en su investigación que la adquisición del departamento, sospechosa por decir lo menos, no fue declarada por el investigado.
Siguiendo con el tema de sus dependientes, la OCMA dice que “llama la atención” que sus tres hijos (dos hombres y una mujer) vivan en casa de sus padres, con los gastos pagados por ellos (educación universitaria, mantenimiento y combustible de auto, etc.).
Solo en el caso de su hija, que estudia en una universidad en la que paga una cuota de S/. 1,897.13, ya tenemos una suma que no cuadra con los gastos declarados.
También se han encontrado diversos viajes al exterior, entre ellos a Colombia y Estados Unidos.
Los gastos correspondientes a estos viajes, en el período del año 2007 al 2009, no coinciden con el gasto promedio mensual declarado por Vizcarra.
Es así que la OCMA, considerando todos estos datos como claros indicios de sospechosas maniobras por parte del investigado, decide remitir esta investigación al Ministerio Público, “a efecto de que dicha institución proceda conforme a sus atribuciones”.
Además, interpone una medida cautelar de suspensión preventiva de Vizcarra Pacheco, que es la que está en efecto en estos momentos, así como la apertura de un proceso administrativo disciplinario por presunta inconducta funcional.
Cara a cara
El presidente de UCONA, Heriberto Benítez, sustenta la denuncia contra Vizcarra Pacheco.
Hace unos días, el juez Vizcarra acudió ante la OCMA para responder por las graves acusaciones en su contra. El investigado acudió con su abogado, quien se mantuvo sentado y sin decir una sola palabra en toda la diligencia, que se llevó a cabo en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
De la otra parte, el ex congresista Heriberto Benítez demostró que los argumentos de Vizcarra eran débiles y que la sospecha del órgano de control tiene sólidos fundamentos.
Vizcarra se mostró nervioso, con miradas evasivas, cambios en el tono de voz y tics que revelaban su preocupación por las denuncias y su incapacidad de justificar sus ingresos cuestionados por la OCMA.
El argumento principal de defensa de Vizcarra es que su esposa es una especialista en temas petroleros y que siempre ha tenido ingresos muy superiores a los suyos debido a que ha trabajado en empresas como Perú Petro y otras, donde ha ganado mucho dinero. Dice que de ahí provienen los ingresos que la OCMA le ha cuestionado.
Sin embargo, ha habido ahorros previos a la declaración de pago por despido fraudulento de su cónyuge, que es de donde proviene gran parte de esos ahorros, y además la compra del departamento de su hijo se ha realizado sin que se afecten los ahorros de la pareja.
En su condición de denunciante, Benítez se mostró sorprendido porque Vizcarra dijo, en su declaración, que entregarlo a la acción de la justicia era llevarlo a “una hoguera de ladrones”. Benítez manifestó que era increíble que un juez, por su propia boca, manifieste algo así del Poder Judicial, donde él mismo está administrando Justicia. “Me he quedado pasmado con lo que se ha dicho”, afirmó el presidente de UCONA.
El magistrado que conducía la sesión quedó también sorprendido ante semejante declaración de un magistrado que sirve en el mismo Poder que él ofende cuando le toca ser juzgado y no juez.
Explicó, luego, que es mentira que el investigado no haya sido citado por la Policía a rendir su manifestación, sino que no asistió en dos oportunidades y que el propio abogado del juez fue quien solicitó que este caso pase a otra unidad de la Policía.
Benítez aclaró que todos los documentos solicitados por la OCMA y la Policía Nacional han sido emitidos por las autoridades correspondientes y que nadie ha fraguado nada.
Todas las acusaciones provienen de las propias declaraciones del juez, las cuales, según el órgano de control, no han sido correctamente documentadas.
Lo que le falta investigar a la Policía
La División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) de la DIRINCRI ha presentado el parte N° 15-02-2010 como resultado de la investigación contra el juez Edgar Vizcarra Pacheco y su conclusión se aparta diametralmente de la de la OCMA y la Policía del Ministerio Público.
Ante ello, la fiscalía ha considerado que la DIVILA debe ampliar su investigación porque le faltan varios elementos que la sustenten. JUEZ JUSTO ha recurrido a expertos en este tema y se ha identificado las principales carencias que la DIVILA debiera subsanar para que su informe se considere serio y correctamente documentado.
La División PNP de Investigación de Denuncias derivadas del Ministerio Público también ha concluido que “existen indicios razonables que el denunciado estaría incurso en el ilícito denunciado”.
La DIVILA no establece si está incluida la investigación preliminar N° 8379 de la OCMA de fecha 29 de diciembre de 2009. Si conocían este informe, debieron coordinar con la OCMA para solicitar información más detallada y así poder determinar el posible desbalance patrimonial del investigado. Si la Policía del Ministerio Público concluyó que “el denunciado estaría incurso en el ilícito denunciado”, la DIVILA debería mostrar nuevos elementos que digan lo contrario.
Sin embargo, no existen tales elementos en su informe.
La DIVILA solicitó a la Gerencia General del Poder Judicial que le facilite documentos que sustenten ingresos mensuales, remuneraciones, declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del investigado.
Sin embargo, esta solo remitió constancia de ingresos y descuentos del investigado.
No remitió las declaraciones juradas y otros con los que si contó la OCMA y pudo presumir la extensión del desbalance, documento necesario para comparar los bienes declarados con los que se obtienen de la investigación.
La DIVILA solicitó a la autoridad competente contar con la autorización para el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil del investigado, su esposa y su hijo.
Este pedido no fue contestado por la 38° FPPL, siendo elemental para determinar si los movimientos financieros de la familia reflejan la tenencia de bienes y otros que no hayan sido declarados.
Tampoco se ha respondido el pedido del reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
No existen detalles de las boletas informativas remitidas por la SUNARP en relación a inmuebles de propiedad de la familia. Llama la atención especialmente el caso del hijo del juez, que registra tres partidas que no detallan qué tipo de inmuebles son (presumiblemente el departamento de Miraflores y sus dos cocheras).
La DIVILA tampoco determina el costo real de estas propiedades y si con sus ingresos pudo haberlas adquirido.
Si bien el único investigado es el juez Vizcarra, la DIVILA solicita, correctamente, a la OFINTE información acerca de su esposa, sus hijos y los hermanos del investigado, quienes también deben ser investigados para determinar si a través de ellos se ha lavado activos.
Esta autorización no ha sido otorgada, por lo que faltan elementos de juicio.
Vizcarra Pacheco señala ingresos por el alquiler de su inmueble de Magdalena y los dos de Miraflores. Sin embargo, la DIVILA no muestra contrato de alquiler alguno que sustente dicha afirmación.
Tampoco se sabe si el impuesto correspondiente a estos alquileres está siendo pagado o se está evadiendo, lo que sería un agravante.
El instructor de la DIVILA debe explicar en qué se basa para determinar que no hay desbalance patrimonial si no ha detallado la existencia de un análisis contable de ingresos vs. egresos.
Por ejemplo, boletas de pago, contratos de arrendamiento, compra venta de inmuebles y vehículos, estudio de sus ahorros en cuentas de ahorros y fondos mutuos.
Este análisis básico se ha hecho.
El investigado tiene siete denuncias por diferentes motivos y personas.
La DIVILA debe tomarlas en cuenta, ya que es posible que alguno de los denunciantes tenga información sobre posibles actos de corrupción que apoyarían la posición de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos por el cual está siendo investigado el magistrado.
En conclusión, la DIVILA debe ampliar su investigación e incluir por lo menos estos nueve puntos para que se pueda considerar una investigación seria que determine realmente si el juez Vizcarra Pacheco es responsable o no de las acusaciones que han motivado su suspensión por parte dela OCMA.
