miércoles, 8 de julio de 2009

La parálisis judicial favorece la impunidad.


La parálisis judicial favorece la impunidad.
(FUENTE DIARIO LA PRIMERA-PERU/ HERIBERTO BENITEZ RIVAS-COLUMNISTA)

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina que una resolución jurisdiccional se vota y dicta previa ponencia escrita del magistrado designado para el efecto, sin perjuicio del estudio que realizan los demás miembros del tribunal.
La decisión judicial puede reproducir la ponencia, ser contraria a la misma o recoger otras consideraciones de la Sala, debiendo consignarse los votos discordantes y singulares, por escrito y con la firma de sus autores; además, queda claro que siempre existe un juez ponente, quien responde por los datos y citas consignadas u omitidas en el documento.
Hace pocos días, la Tercera Sala Penal Especial concedió, por mayoría, un sorpresivo arresto domiciliario; el presidente estaba en contra del pedido, pero los otros dos jueces provisionales, extrañamente, prefirieron la excarcelación.
Los magistrados Carranza Paniagua y Manrique Suárez ampararon el beneficio porque el procesado está por cumplir 63 años de edad, porque es una persona con grado de instrucción superior, porque tiene tres hijos mayores residentes en el país, uno de los cuales es Congresista de la República (APRA), porque acaba de nacer su hija menor y porque sus cargos políticos, así como sus actividades laborales las realizó en el territorio nacional; ítem más, dispusieron que el inculpado sea trasladado a un inmueble acreditado por la defensa técnica, cuya existencia nunca fue verificada, ni comprobada por el órgano jurisdiccional, resultando una dirección falsa.
Nadie puede dudar de la existencia de argumentos infantiles, frágiles y absurdos desarrollados por dos vocales provisionales para justificar el sospechoso beneficio de la excarcelación, en favor de quien se puso a derecho “voluntariamente”, luego de coordinar partidariamente su ulterior libertad.
No hay solidez jurídica en la resolución; estamos ante una decisión peligrosa para la lucha contra la corrupción, que se dicta sin haber ninguna variación, ni modificación de la situación procesal del imputado.
El proceso está congelado desde que eligieron a César Vega como titular de la Corte Superior de Lima; no han citado a los testigos claves, no han nombrado a los peritos, no hay inspecciones oculares, ni confrontaciones, ni reconstrucción de los hechos.
Hay una parálisis judicial que, indiscutiblemente, favorece a la impunidad; no hay voluntad para sancionar a los culpables.
Finalmente, el órgano jurisdiccional continúa desacreditándose; esta lamentable resolución afecta a todo el sistema judicial y hace que la población pierda la confianza en quienes administran justicia a nombre de la Nación.
El Ministerio Público, defensor de la legalidad y de la sociedad, guarda un silencio sepulcral y los procuradores públicos, letrados del Estado, permanecen mudos; la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) se vio obligada a iniciar una pesquisa preliminar debido al escandaloso fallo, pero ya encontró una primera valla porque el titular del Poder Judicial (PJ) ha dado su respaldo a la cuestionada e inaceptable resolución.

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