miércoles, 10 de febrero de 2010

Heriberto Benitez Rivas: "El debido proceso está en riesgo"

El debido proceso está en riesgo
Heriberto Manuel Benitez Rivas / Columnista "El dedo en la llaga" / Diario la Primera - Perú

En los últimos días, se han dictado una serie de resoluciones jurisdiccionales cuestionadas que generan una desconfianza histórica en el Poder Judicial (PJ) y que constituyen un peligro para los derechos fundamentales de la población.

La seguridad jurídica está en riesgo, incluso, algunos letrados aseguran que no existe; hay jueces que prefieren liberar culpables y condenar inocentes o fiscales que denuncian barbaridades o formulan acusaciones sin sustento legal, atropellando los derechos humanos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico vigente.
La mayoría de las víctimas tienen terror de acudir ante los órganos de control, por temor a las represalias y debido a que difícilmente se sanciona al juez o fiscal abusivo; al contrario, en algunos casos el magistrado resulta inamovible de su cargo o termina promovido a un puesto superior o ratificado en el desempeño de su función.
El hábeas corpus es un instrumento legal que sirve para proteger la libertad individual; sin embargo, algunos magistrados lo han desnaturalizado totalmente y ahora da la impresión que sólo sirve para lograr la impunidad de quienes han cometido graves delitos.

Algunos jueces, inexplicablemente, han malinterpretado el plazo razonable aprovechando la deficiencia de las pesquisas preliminares, la lentitud de las autoridades para culminar las investigaciones y la influencia negativa de la corrupción para dilatar las diligencias o enredar los trámites legales en el vientre del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público.

La prevaricación de algunos jueces constituye una amenaza latente para los justiciables y hace que la mayoría de los inculpados prefieran evadir la acción de la justicia, no acudir a las citaciones, dilatar los procesos judiciales, frustrar las diligencias y esperar que transcurra el tiempo legal para que las infracciones penales prescriban; todo ello, por cierto, siguiendo el mal ejemplo de un ex presidente de la República, quien estuvo cerca de diez años fuera del territorio nacional, lo cual tuvo como consecuencia nefasta el triunfo de la impunidad.

Los juicios que le seguían por graves delitos de corrupción se archivaron.

El representante del Ministerio Público y el defensor del Estado no pudieron culminar las causas judiciales; igualmente, las pesquisas por violaciones a los derechos humanos no culminaron con ninguna denuncia a pesar de existir serios indicios de responsabilidad criminal.



La excepción estuvo a cargo de una valiente titular de la acción penal pública de Huamanga quien, curiosamente, por cumplir con sus obligaciones legales, fue sospechosamente denunciada por el letrado del jefe de Estado, quien se queja de un supuesto e inexistente abuso de autoridad.

Finalmente, la inconducta funcional de algunos magistrados encargados de la administración de justicia, sin ningún tipo de sanción ejemplar, resulta inaceptable e inadmisible.

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